Cuando se habla del Imperio español, parece que hubiera que escoger entre dos relatos completos: una empresa admirable de la que sentir orgullo o una sucesión de atrocidades de la que avergonzarse. Me cuesta aceptar esa elección. Quiero conocer una historia que también forma parte de la mía, reconocer sus aportaciones y admitir sus injusticias. No creo que los españoles actuales debamos asumir una culpa personal por haber nacido aquí, ni que una disculpa general por la conquista sea necesariamente la mejor forma de relacionarnos con ese pasado.

Pero esa postura necesita algo más que patriotismo. Si queremos discutir sobre el perdón, primero debemos saber qué estamos recordando.

Para comprender el origen de la expansión americana conviene volver a 1492. El proyecto de Colón, respaldado por los Reyes Católicos, buscaba alcanzar Asia navegando hacia el oeste, mientras Portugal exploraba una ruta que rodeaba África para llegar a la India. Acceder a las especias y riquezas de Oriente era un objetivo comercial importante. Colón calculaba una distancia mucho menor que la real; su viaje lo llevó al Caribe, a tierras ya habitadas que no eran el destino previsto. Aquella búsqueda desembocó en un proceso de colonización y conquista. [1]; [2].

En las conquistas posteriores confluyeron ambiciones de la Corona, expectativas de riqueza y ascenso social de particulares y un propósito de evangelización que se invocaba para legitimar el dominio. Tampoco todos los participantes actuaban por los mismos motivos. Francisco Quijano Velasco explica que las expediciones se organizaban mediante acuerdos: los particulares financiaban, reclutaban y dirigían; la Corona autorizaba, fijaba obligaciones y concedía recompensas. Comprender esa relación permite ver iniciativas, intereses y conflictos concretos, sin perder de vista las responsabilidades de quienes autorizaron y ejecutaron la expansión. [3]; [4].

La conquista de México ayuda a entender su complejidad. No fue una guerra entre dos países equivalentes a la España y el México actuales. Participaron pueblos indígenas con intereses distintos, y los aliados de Cortés tuvieron un papel decisivo. Federico Navarrete ha estudiado cómo las élites tlaxcaltecas conservaron una memoria de vencedores y reivindicaron su participación ante la Corona. Reconocer esa capacidad de acción evita convertir a todos los indígenas en un único pueblo pasivo; tampoco convierte la dominación posterior en una liberación general. [5].

Nueva España se organizó como un virreinato, con un representante del monarca al frente desde 1535. Eso importa para comprender sus instituciones, pero no demuestra que estuviera al margen del colonialismo. El historiador mexicano Bernardo García Martínez explica esa organización dentro de una época de dominación española y construcción de una sociedad colonial. «Virreinato» describe una forma de gobierno; hablar de colonización permite analizar la conquista, la subordinación y las relaciones económicas y sociales. Son cuestiones compatibles. [6].

También conviene situar aquella expansión en la política de su tiempo. Ampliar dominios era una aspiración habitual entre las monarquías europeas: podía aumentar el prestigio de una dinastía, aportar recursos y reforzar su posición frente a sus rivales. J. H. Elliott estudió cómo muchas reunían territorios con leyes, autoridades y privilegios distintos. Mantenerlos exigía combinar fuerza, administración y acuerdos con poderes locales. La Monarquía Hispánica participó de esa dinámica y gobernó sus territorios de formas diferentes. Entenderla requiere atender a esa diversidad, en lugar de imaginar un Estado organizado como la España actual. [7].

Que expandirse fuera habitual entre quienes gobernaban no significa que los pueblos sometidos lo aceptaran, ni que cada abuso fuese inevitable. Ese contexto ayuda a explicar cómo se construían los imperios; no convierte sus decisiones en justas por definición. Comprender una época exige conocer tanto los intereses de quienes ejercían el poder como la experiencia de quienes vivían bajo él.

Aquella sociedad produjo instituciones y conocimientos que merecen estudiarse. La Real Universidad de México recibió sus cédulas fundacionales en 1551 y abrió sus aulas en 1553. Enrique González González muestra que su creación respondió a solicitudes del Ayuntamiento, el virrey y el clero, autorizadas y financiadas por la Corona. Fue una institución importante, aunque las élites locales impidieron durante mucho tiempo el acceso efectivo de los indígenas, pese a que las cédulas los contemplaban como beneficiarios. Reconocer su valor exige conocer también a quiénes dejó fuera. [8].

La circulación del conocimiento tuvo además protagonistas indígenas. Miguel León-Portilla documenta que en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, abierto en 1536, médicos indígenas transmitían sus saberes, y explica la elaboración del herbario de Martín de la Cruz y Juan Badiano. Ese ejemplo me parece valioso: permite apreciar una creación cultural compartida sin imaginar que América carecía de conocimientos antes de la llegada europea. Su patrimonio tampoco puede atribuirse exclusivamente a quienes conquistaron el territorio. [9].

También existieron esfuerzos jurídicos para limitar abusos. Las Leyes de Burgos de 1512 regularon aspectos del trabajo y el trato a los indígenas, con novedades relevantes para su época, aunque mantuvieron el régimen de encomiendas. José Sánchez-Arcilla Bernal, historiador del Derecho de la Complutense, advierte del error de equipararlas a los derechos humanos modernos. Su importancia histórica puede reconocerse sin presentarlas como una declaración universal de igualdad. [10].

Las Leyes Nuevas de 1542 prohibieron nuevas esclavizaciones indígenas, incluso bajo pretextos de guerra o rebelión, y ordenaron liberar a quienes estuvieran esclavizados sin un título considerado legítimo. Fue una disposición protectora de gran alcance. Pero no abolió toda la esclavitud: el propio texto contempla personas negras esclavizadas. Además, una norma acredita lo que se ordenaba; para conocer sus resultados debemos investigar cómo se aplicó. [11].

En Valladolid, durante las controversias de mediados del siglo XVI, se discutieron la legitimidad de la conquista y el uso de la fuerza contra las comunidades americanas. El estudio de Vidal Abril Castelló muestra la radicalidad con la que Las Casas llegó a cuestionar la imposición de la soberanía castellana sin consentimiento de esas comunidades. Me parece significativo que aquella expansión generara una discusión sobre sus propios fundamentos. También nos recuerda que algunos abusos fueron cuestionados por personas de la época, no únicamente por quienes los juzgamos cinco siglos después. [12].

El mestizaje también necesita precisión. Berta Ares Queija documenta una cédula de 1514 que autorizaba matrimonios entre castellanos e indígenas en La Española, y otra de 1515 que ordenaba no impedir la elección de cónyuge. Es un dato relevante sobre las posibilidades jurídicas de aquellas familias. Su estudio recoge asimismo intereses señoriales, explotación y obstáculos locales. Permitir matrimonios mixtos no equivale a demostrar que todas las relaciones fueran libres ni que desaparecieran las jerarquías sociales. [13].

Estos hechos merecen formar parte del relato. Sería injusto reducir una historia tan extensa a violencia y saqueo. Pero tampoco bastan para compensar moralmente el sufrimiento: la existencia de una universidad no absuelve una matanza, igual que una ley protectora no borra un abuso.

Hay daños que debemos nombrar. En Visión de los vencidos, León-Portilla reúne testimonios indígenas sobre la conquista, entre ellos los que describen la matanza del Templo Mayor durante la fiesta de Tóxcatl, dirigida por Pedro de Alvarado. Escuchar esas voces resulta necesario para comprender qué significó la conquista para quienes la padecieron. [14].

También hubo una catástrofe demográfica. Las enfermedades introducidas desde otras regiones tuvieron un papel fundamental, pero eso no explica por sí solo toda la mortalidad. Navarrete señala cómo guerras, hambre, desplazamientos y explotación debilitaron a las poblaciones y su capacidad para cuidarse. Explicar las epidemias exige estudiar también las condiciones sociales en las que se extendieron. [15].

¿Dónde queda entonces la leyenda negra? Las rivalidades políticas y religiosas alimentaron imágenes interesadas y relatos hostiles sobre España. Historiadores como Ricardo García Cárcel y Richard L. Kagan han estudiado esas representaciones y los usos posteriores del pasado. Pero reconocer la propaganda no permite tratar cualquier crítica como una invención. Los testimonios deben examinarse por su contenido, su contexto y su fiabilidad, aunque resulten incómodos para nuestra identidad. [16].

Por eso tampoco me convence resolver el debate comparando quién cometió atrocidades mayores. Estudiar otros imperios puede ayudarnos a comprender diferencias y semejanzas. Utilizar sus crímenes como excusa evita responder por lo ocurrido en el que estamos examinando. La gravedad de una injusticia no disminuye porque exista otra mayor.

Llegados a este punto, sigo sin creer que la nacionalidad transmita culpabilidad moral. Una persona nacida hoy en España no eligió una conquista del siglo XVI. Tampoco un mexicano actual representa automáticamente a todos los pueblos conquistados, ni su ascendencia europea invalida su derecho a discutir esa historia. La genealogía no resuelve qué argumentos son razonables.

Ahora bien, una disculpa institucional plantea una cuestión distinta. Quien la defiende puede buscar que una institución reconozca un daño y escuche a una comunidad, sin declarar culpables a los ciudadanos actuales. Ese argumento merece consideración. Rechazar la culpa heredada no basta, por sí solo, para refutarlo.

Mi objeción es que una disculpa general por un proceso de siglos puede simplificar responsabilidades muy diferentes y convertir la historia en una deuda nacional indefinida. Creo que cualquier gesto debería precisar qué hechos reconoce, a quién se dirige y qué relación guarda con responsabilidades presentes. No considero que deba exigirse únicamente porque quienes viven hoy comparten nacionalidad con algunos de quienes actuaron entonces.

Sí considero necesario reconocer los abusos documentados, facilitar la investigación y tratar con respeto la memoria de los pueblos indígenas. También escuchar sus prioridades actuales. Una declaración solemne tiene poco valor si sustituye ese trabajo; un reconocimiento concreto y una colaboración sostenida pueden tenerlo, incluso para quienes no compartimos la exigencia de una disculpa general.

Quiero poder apreciar el legado cultural de España sin tener que justificar cada acción de su Imperio. Y quiero que admitir una atrocidad sea un ejercicio de honestidad, sin que se interprete como una renuncia a la propia historia.

El pasado nos ha dado lenguas, instituciones, conocimientos, vínculos y heridas. No elegimos recibirlos. Lo que sí podemos elegir es cómo estudiarlos y qué hacemos con ellos hoy.