Una bandera en una muñeca, en un balcón o en una fotografía debería permitirnos reconocer un vínculo, no creer que ya conocemos todas las ideas de quien la lleva. Sin embargo, a veces basta con ver unos colores para decidir de qué lado está una persona. Antes de escucharla, ya le hemos atribuido un partido, una intención y hasta una manera de entender el mundo. Me preocupa esa facilidad para convertir un símbolo en una etiqueta.

No siento la necesidad de llevar una bandera para demostrar de dónde soy. Pero quiero que quien sí la sienta pueda hacerlo sin someterse a un interrogatorio político. Llevar la bandera española no debería convertir automáticamente a nadie en alguien de derechas, ni llevar una ikurriña permitirnos deducir todo su pensamiento. El problema aparece cuando unos se presentan como los únicos representantes legítimos de un símbolo y otros aceptan esa pretensión, rechazándolo como si les perteneciera.

La historia ayuda a entender por qué esa identificación resulta demasiado simple. La rojigualda fue elegida en 1785, durante el reinado de Carlos III, como pabellón de la marina de guerra, para distinguir los barcos españoles de otros que utilizaban enseñas parecidas. En 1843 se extendió su uso al Ejército de Tierra. Su origen, por tanto, es muy anterior al franquismo y a los partidos actuales. Reducir esos colores a una única etapa o ideología empobrece una historia mucho más larga. [1]

Eso no significa que podamos ignorar lo que ocurrió bajo ellos. Los símbolos acumulan recuerdos, y algunas personas los asocian con experiencias dolorosas. Sería injusto exigirles que sintieran un orgullo que no sienten. Pero también sería injusto atribuir a quien utiliza hoy la bandera constitucional la voluntad de justificar una dictadura. Compartir un símbolo requiere aceptar que puede despertar sentimientos distintos, sin convertir ninguno de ellos en una obligación.

Con la ikurriña ocurre algo que también merece recordarse. Fue diseñada por los hermanos Arana Goiri en 1894, inicialmente para Bizkaia, y tuvo un origen ligado al nacionalismo vasco. En 1936, el Gobierno Vasco la declaró emblema oficial. Hoy es un símbolo institucional de Euskadi. Esa evolución muestra que el significado de una bandera puede ampliarse: su origen político no obliga a que todas las personas que la utilizan compartan una misma ideología. [2]

Como vasco, me preocupa que una bandera española pueda interpretarse en determinados ambientes como una provocación, igual que una ikurriña pueda despertar sospechas en otros lugares. No afirmo que ocurra siempre ni que todo el mundo reaccione así. Hablo de esa desconfianza que nos lleva a preguntarnos qué pensarán de nosotros por mostrar un símbolo. Si acabamos ocultándolo para evitar una etiqueta que no nos representa, nuestra libertad cotidiana se vuelve más estrecha.

Ahora bien, tampoco todas las banderas significan lo mismo. La senyera y la estelada no son intercambiables: esta última simboliza el movimiento por la independencia de Cataluña. La tricolor fue la bandera oficial de la Segunda República, adoptada en 1931, y su reivindicación actual puede expresar una preferencia republicana. Reconocer esas posiciones no es necesariamente un prejuicio. El prejuicio empieza cuando, a partir de ellas, inventamos el resto del pensamiento de una persona o la tratamos con desprecio. [1][3]

También conviene distinguir la bandera constitucional de las versiones que incorporan el escudo utilizado por la dictadura. No considero razonable tratar ambas como si comunicaran exactamente lo mismo. Y la cruz de Borgoña, presente en banderas militares españolas siglos antes del franquismo, tampoco puede describirse sin más como una invención de aquel régimen. Conocer la historia no obliga a aprobar el uso actual de un emblema, pero sí a evitar simplificaciones al discutir sobre él. [4]

Mi reparo hacia ciertas manifestaciones nace de otra cuestión: qué ocurre cuando una causa que podría reunir a personas muy diferentes termina rodeada de símbolos que parecen exigir una identidad política completa. Si la convocatoria trata sobre el acceso a la vivienda, me gustaría que el centro fueran los alquileres, los salarios, la oferta de viviendas y las soluciones. Una persona debería poder sumarse a esa demanda sin sentir que está respaldando también todas las demás posiciones de quienes la organizan.

Por eso me cuesta entender la conveniencia de llenar una protesta sobre vivienda de banderas republicanas, palestinas o de organizaciones ajenas a su objetivo principal. No porque esas causas carezcan de importancia, ni porque esté prohibido relacionarlas. Habrá quienes encuentren conexiones y quieran expresar varias solidaridades a la vez. Pero creo que conviene preguntarse si esa acumulación ayuda a explicar la reivindicación o hace que quienes comparten el problema se sientan fuera de lugar.

Aplicaría el mismo criterio a una protesta contra un Gobierno. Mostrar la bandera española puede expresar una preocupación por el país; utilizarla para insinuar que quienes discrepan son menos españoles me parece inaceptable. Defender España tampoco exige reivindicar una dictadura. Si una movilización pretende atraer a ciudadanos diversos, sus mensajes deberían permitir esa diversidad, sin presentar como condición de entrada la adhesión a una tradición política determinada.

George Orwell ofreció una reflexión útil en Notes on Nationalism, publicado en 1945. En ese ensayo distinguía el apego a un lugar y una forma de vida, sin voluntad de imponérselos a otros, de una lealtad de grupo obsesionada con el poder y la superioridad. Además, advertía del hábito de clasificar colectivamente a las personas como buenas o malas. Empleaba la palabra «nacionalismo» en un sentido propio y amplio, que no se limitaba a las naciones. [5]

Esa reflexión me sirve para plantear una pregunta: ¿mostramos una bandera para expresar un afecto o para decidir quién merece pertenecer? El afecto puede convivir con otros afectos. La pretensión de superioridad necesita adversarios. Para mí, el problema surge cuando alguien cree que llevar determinados colores lo convierte en mejor ciudadano, o cuando otro supone que esos mismos colores bastan para descalificarlo.

La solución que defiendo no consiste en prohibir banderas en las manifestaciones. Sería contradictorio reclamar libertad para mostrarlas y negarla cuando su uso nos incomoda. La Constitución reconoce la libertad de expresar ideas y opiniones, con los límites establecidos para proteger otros derechos. [6] Dentro de ese marco, podemos cuestionar la oportunidad de un símbolo, discutir su significado y pedir a los organizadores que cuiden el carácter abierto de una convocatoria. Criticar una elección no exige impedirla.

También tenemos una responsabilidad quienes miramos desde fuera. Que un grupo exhiba una bandera compartida no le concede su propiedad, y rechazar a ese grupo no nos obliga a rechazar la bandera. Del mismo modo, una imagen de una manifestación no permite atribuir a todos sus asistentes cada símbolo que aparezca en ella. Si queremos comprender lo que alguien defiende, habrá que escuchar sus razones.

Me gustaría que las banderas pudieran expresar pertenencia sin exigir obediencia. Que nadie tuviera que llevarlas para demostrar su lealtad ni esconderlas para evitar sospechas. Y que pudiéramos reunirnos por una causa concreta sin convertir cada desacuerdo en una disputa sobre quién tiene derecho a sentirse parte de un pueblo. Una bandera puede representar muchas historias. Ningún partido debería hablar como si todas fueran suyas.