Una frontera desbordada tiene consecuencias para quienes viven a este lado y para quienes intentan cruzarla. Los primeros necesitan seguridad y servicios públicos capaces de responder. Los segundos necesitan que su vida no dependa de una travesía peligrosa ni de encontrar un lugar donde dormir después de llegar. Lo ocurrido en Ceuta obliga a exigir ambas cosas al mismo tiempo.

La magnitud de la crisis de finales de julio es extraordinaria. En su comparecencia del 3 de septiembre, el presidente del Gobierno habló de unas 70.000 personas llegadas a Ceuta y de aproximadamente 63.000 regresos a Marruecos durante las primeras 72 horas. Son cifras comunicadas por el Ejecutivo, no un recuento independiente. El 30 de septiembre, EL PAÍS situaba en alrededor de 10.000 las personas que todavía permanecían en la ciudad. [1, 2]

Los balances difundidos por las autoridades han variado considerablemente. No sería riguroso restar una cifra de retornos de otra de entradas, correspondientes a momentos y estimaciones diferentes, y presentar el resultado como una contabilidad exacta. Precisamente por eso, una primera exigencia debería ser disponer de información pública coherente: cuántas personas han entrado, cuántas han salido y cuántas necesitan atención. [3]

Mi posición es clara: España debe controlar sus fronteras y garantizar un trato digno a quienes llegan. Una entrada de esta magnitud exige previsión, personal suficiente, coordinación y recursos. Ninguna ciudad debería verse obligada a improvisar sola una respuesta semejante.

Tampoco puede medirse la eficacia de una frontera únicamente por cuántas personas consigue rechazar. Hay que valorar si evita muertes, identifica a quienes necesitan protección y permite tomar decisiones individuales con rapidez. Reforzar la vigilancia, combatir las redes que facilitan cruces peligrosos y disponer de instalaciones de emergencia forman parte de una misma responsabilidad.

Ceuta y Melilla necesitan respaldo del Estado y de las instituciones europeas. Defender una frontera exige asumir también las consecuencias de una crisis en ella. La solidaridad debería concretarse en financiación, equipos y mecanismos de acogida preparados antes de la emergencia. Abandonar a una ciudad fronteriza no es una política migratoria: es trasladarle el problema.

La situación de los menores merece especial atención. El 25 de septiembre, la Cadena SER informaba de cerca de 2.400 niños y adolescentes acogidos por Ceuta y recogía estimaciones de unos 600 que seguían en las calles, los montes o las barriadas. Son estimaciones fechadas, pero bastan para comprender la urgencia. [4]

Un menor necesita alojamiento seguro, atención sanitaria, escolarización y adultos responsables de su protección. Debemos buscar a su familia y estudiar si una reunificación es posible y segura. Cuando haga falta, también debemos organizar su acogida en otros territorios. La decisión tiene que responder a su interés superior, como exige la legislación, y no a la conveniencia política de una administración. [5]

También necesitamos distinguir entre situaciones jurídicas diferentes. Buscar empleo, solicitar asilo y necesitar protección como menor plantean procedimientos distintos. La voluntad de mejorar la propia vida merece respeto, pero no concede por sí sola un derecho automático a establecerse en cualquier país. A la vez, quien teme una persecución debe poder solicitar protección y obtener una evaluación de su caso. [6]

Una política seria debería ampliar las vías legales de migración laboral, gestionar los permisos con plazos razonables y comunicar con claridad las condiciones de entrada y permanencia. También debería ejecutar los retornos que procedan legalmente. Dejar a las personas durante meses en una incertidumbre administrativa dificulta tanto el control como la integración.

Para quien viene a trabajar, integrarse debería significar poder hacerlo legalmente, aprender el idioma y respetar las normas de convivencia. Para la sociedad que recibe, debería significar ofrecer reglas comprensibles y protección frente a la explotación. Las obligaciones son necesarias; también lo son las oportunidades para cumplirlas. Y la dignidad de un niño, una persona enferma o alguien que solicita asilo no puede condicionarse a su productividad.

La seguridad ciudadana forma parte de ese debate, aunque no debemos confundirla con la gestión de las entradas. No hay motivo para dar por delincuente a quien acaba de cruzar una frontera. Si una persona comete un delito, corresponde investigar su conducta y exigirle responsabilidades.

Los datos deben poder discutirse con rigor. En 2025, según el INE, el 70,2% de los adultos con condenas firmes registradas tenía nacionalidad española. Sin embargo, la tasa por cada mil habitantes adultos fue de 15,3 entre los extranjeros y de 6,1 entre los españoles. Ambos datos importan: el número total y la tasa respecto a la población. [7]

Esa estadística recoge condenas inscritas durante el año, también por hechos anteriores. No demuestra que la nacionalidad cause delincuencia, ni describe a quienes llegaron a Ceuta este verano. Para explicar diferencias habría que estudiar, entre otros factores, edad, sexo, condiciones sociales y tipos de delito. Convertir una tasa agregada en una sospecha sobre cada marroquí o latinoamericano sería una generalización injustificada.

Considero que España debe responder con especial firmeza ante una violación, un asesinato u otros delitos de extrema gravedad. Cuando el responsable sea una persona extranjera condenada, debería tramitarse prioritariamente la valoración de su expulsión y ejecutarse con diligencia cuando resulte legalmente procedente. Las víctimas y el conjunto de la sociedad merecen instituciones capaces de hacer cumplir sus decisiones.

El artículo 89 del Código Penal regula la sustitución de determinadas penas de prisión por la expulsión. Contempla el cumplimiento de toda o parte de la pena en ciertos supuestos y exige valorar si la expulsión resulta desproporcionada, especialmente por el arraigo. La Ley de Extranjería también recoge causas de expulsión vinculadas a condenas penales, incluidas determinadas condenas fuera de España. No estamos ante un vacío legal absoluto. [8, 5]

Esa valoración debe atender al delito, los antecedentes, el arraigo y las circunstancias personales, así como al riesgo que afrontaría la persona en el país de destino. También debe garantizar una respuesta penal suficiente: la expulsión no debería convertirse en una forma de eludir el castigo por un crimen grave. Agilizar los procedimientos exige recursos, cooperación y decisiones bien fundamentadas.

La prisión, además, sí es una sanción grave. Privar de libertad, proteger a posibles víctimas y hacer cumplir una sentencia tiene un coste público. Ese coste no convierte el castigo en irrelevante. Ante delitos muy graves, expulsar sin una respuesta penal suficiente podría incluso debilitar la justicia que se pretende defender.

Hay límites que deben respetarse. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe las expulsiones colectivas y la devolución a un Estado donde exista un grave riesgo de pena de muerte, tortura o trato inhumano. Respetar esos límites no impide perseguir delitos ni aplicar las penas correspondientes. [9]

Exigir estas consecuencias protege tanto a los ciudadanos españoles como a los extranjeros que viven aquí respetando la ley. Ninguno debería soportar la violencia de quien delinque ni cargar con una sospecha colectiva por compartir su nacionalidad.

España necesita una política que combine fronteras controladas, acogida preparada, vías legales e instituciones capaces de actuar ante los delitos. Eso ofrece seguridad tanto al ciudadano español como al extranjero que quiere construir aquí su vida.

La próxima crisis de Ceuta debería encontrar alojamientos disponibles, procedimientos claros y responsabilidades asumidas. Defender la frontera y proteger a las personas exige algo más que proclamar firmeza o humanidad.

Exige un Estado preparado para ejercerlas.